Sectores clave

Agrícola

El cambio de la agricultura de subsistencia a una economía basada en la
exportación ha dado lugar al desplazamiento de los pequeños agricultores y a
una mayor migración de los trabajadores agrícolas. Como resultado, ha habido
un aumento de los trabajadores agrícolas que no tienen protección adecuada en
cuanto a los riesgos de salud y de seguridad en el lugar de trabajo. Los retos
específicos para la salud ocupacional de los trabajadores agrícolas, especialmente
en los países en desarrollo, incluyen: las brechas en las capacidades legislativas
y/o de cumplimiento de todos los países de las Américas; la falta de control
gubernamental, servicios de seguridad y salud ocupacional, un movimiento laboral
independiente y una tradición de derechos del trabajador; pocos expertos en
seguridad y salud ocupacional, inspectores y cumplimiento de leyes y/o reglamentos;
bajas tasas de alfabetización; altas tasas de malnutrición, enfermedad y trabajo infantil;
condiciones climáticas extremas, largos turnos de trabajo y la exposición a sustancias químicas;
y poca inversión en el equipo de protección personal, maquinaria, herramientas y mantenimiento.

En los países en desarrollo del continente Americano, una gran proporción de la fuerza laboral trabaja en la agricultura, y en los países desarrollados una gran proporción de la fuerza laboral agrícola es hispana. Los trabajadores agrícolas hispanos frecuentemente tienen un acceso limitado a los servicios de salud, aunque hay una gama amplia de riesgos físicos, biológicos, químicos y otros más propios del trabajo agrícola. Los plaguicidas son una categoría de especial interés para los trabajadores agrícolas, debido a la gran cantidad de riesgos para la salud y la baja notificación de envenenamientos que ocurren. Hay varios tipos de legislación que afectan el trabajo agrícola. Sin embargo, muchos países o regiones dentro de un país exoneran a los trabajadores agrícolas de los programas de indemnización del trabajador. Los plaguicidas y los reglamentos agrícolas son a menudo administrados y hechos cumplir por diferentes organismos gubernamentales, en lugar de aquellos preocupados por la salud o la indemnización de los trabajadores. Además, la falta de recursos para las actividades de inspección puede limitar la eficacia de las leyes protectoras laborales existentes.

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